Agua potable, continúa la polémica
La Universidad de la República (UdelaR) encomendó a los decanos de las facultades de Ciencias, Química, Agronomía e Ingeniería la realización de un “informe técnico” sobre la calidad del agua potable para tener una postura oficial en el debate que involucra a algunos investigadores de la Facultad de Ciencias con OSE y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). El tema fue planteado por el propio decano de Ciencias, Juan Cristina, quien no respaldó a uno de los profesores que han cuestionado la calidad del agua y aclaró que sus declaraciones fueron realizadas “a título personal”.
El catedrático del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales ha criticado la capacidad de filtrado de OSE en el proceso de potabilización del agua y otros investigadores de la facultad han advertido que si no se controla la contaminación por exceso de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en un futuro cercano podrían detectarse toxinas en acuíferos que podrían comprometer la potabilidad.
Esta semana el Consejo Directivo Central (CDC) de la UdelaR emitió una resolución para aclarar que las declaraciones realizadas por los docentes “reflejan sus propios puntos de vista e involucran sus responsabilidades, a partir de sus actividades y enfoques específicos”.
En ese sentido, el comunicado recordó que “rige” en la UdelaR “la absoluta libertad de opinión” tal como lo establece el artículo 3º de su Ley Orgánica (Nº 12.549 de 1959). El texto dice que “la libertad de cátedra es un derecho inherente a los miembros del personal docente de la Universidad. Se reconoce asimismo a los órdenes universitarios, y personalmente a cada uno de sus integrantes, el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias”.
No obstante, distintas secciones del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales tienen trabajos publicados en revistas especializadas en el país y en el exterior sobre los impactos ambientales de las tecnologías agroindustriales en el que se identifica a la forestación, la expansión de los cultivos de soja y las floraciones de algas tóxicas (derivadas del uso de fertilizantes) como amenazas significativas para la calidad del agua. Al mismo tiempo, es numerosa la bibliografía sobre la presencia y efectos de cianobacterias en distintos cursos de agua, debido a que se detectaron por primera vez en 1982.
Estas investigaciones de la UdelaR, que engrosan la producción científica de la institución, se han realizado con el financiamiento del Estado y de organismos internacionales y privados.
El decano de Ciencias dijo a Montevideo Comm que la facultad ya ha puesto a disposición de OSE “especialistas y laboratorios de última generación”. Sin embargo, son los mismos que ya han investigado el tema.
Cristina también aclaró que las declaraciones del grado 5 Daniel Panario “fueron a título personal” y que no comprometieron a la facultad. “Todos los docentes tienen el derecho de decir lo que quieran en el marco de la libertad de expresión, aunque tienen que hacerse cargo después de las consecuencias que tiene lo que dicen”, agregó.
Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales, había dicho a El Observador que Cristina le ha acusado de hacerle “daño” a la institución con sus declaraciones públicas. “Son visiones diferentes de la Universidad. Yo creo que le hago mucho bien del punto de vista de lo que la gente piensa; probablemente le hago mal en función de los fondos que la Universidad puede recabar para proyectos”, afirmó. Y añadió: “El científico con cierta actitud reactiva al sistema por supuesto que trae inconvenientes”. Las “consecuencias” para el investigador son, según Panario, que se la “cobran” cuando presenta proyectos, o pretende ascender de grado, o en el Sistema Nacional de Investigadores, se le niega dinero para sus estudios.
Las facultades de Ciencias y Química, el Instituto Clemente Estable, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y OSE ya vienen trabajando en un diagnóstico sobre la situación de floraciones de cianobacterias a nivel nacional.
El planteo de Cristina fue hecho ante el CDC, el órgano compuesto por el rector, un delegado designado por cada Consejo de Facultad y nueve miembros designados por la Asamblea General del Claustro (cuyos integrantes deciden la elección de un decano), que tiene competencia en los asuntos generales de la universidad y en los especiales de cada facultad y que, en definitiva, fija la línea de la UdelaR.
(Fuente: El Observador)
El catedrático del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales ha criticado la capacidad de filtrado de OSE en el proceso de potabilización del agua y otros investigadores de la facultad han advertido que si no se controla la contaminación por exceso de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en un futuro cercano podrían detectarse toxinas en acuíferos que podrían comprometer la potabilidad.
Esta semana el Consejo Directivo Central (CDC) de la UdelaR emitió una resolución para aclarar que las declaraciones realizadas por los docentes “reflejan sus propios puntos de vista e involucran sus responsabilidades, a partir de sus actividades y enfoques específicos”.
En ese sentido, el comunicado recordó que “rige” en la UdelaR “la absoluta libertad de opinión” tal como lo establece el artículo 3º de su Ley Orgánica (Nº 12.549 de 1959). El texto dice que “la libertad de cátedra es un derecho inherente a los miembros del personal docente de la Universidad. Se reconoce asimismo a los órdenes universitarios, y personalmente a cada uno de sus integrantes, el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias”.
No obstante, distintas secciones del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales tienen trabajos publicados en revistas especializadas en el país y en el exterior sobre los impactos ambientales de las tecnologías agroindustriales en el que se identifica a la forestación, la expansión de los cultivos de soja y las floraciones de algas tóxicas (derivadas del uso de fertilizantes) como amenazas significativas para la calidad del agua. Al mismo tiempo, es numerosa la bibliografía sobre la presencia y efectos de cianobacterias en distintos cursos de agua, debido a que se detectaron por primera vez en 1982.
Estas investigaciones de la UdelaR, que engrosan la producción científica de la institución, se han realizado con el financiamiento del Estado y de organismos internacionales y privados.
El decano de Ciencias dijo a Montevideo Comm que la facultad ya ha puesto a disposición de OSE “especialistas y laboratorios de última generación”. Sin embargo, son los mismos que ya han investigado el tema.
Cristina también aclaró que las declaraciones del grado 5 Daniel Panario “fueron a título personal” y que no comprometieron a la facultad. “Todos los docentes tienen el derecho de decir lo que quieran en el marco de la libertad de expresión, aunque tienen que hacerse cargo después de las consecuencias que tiene lo que dicen”, agregó.
Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales, había dicho a El Observador que Cristina le ha acusado de hacerle “daño” a la institución con sus declaraciones públicas. “Son visiones diferentes de la Universidad. Yo creo que le hago mucho bien del punto de vista de lo que la gente piensa; probablemente le hago mal en función de los fondos que la Universidad puede recabar para proyectos”, afirmó. Y añadió: “El científico con cierta actitud reactiva al sistema por supuesto que trae inconvenientes”. Las “consecuencias” para el investigador son, según Panario, que se la “cobran” cuando presenta proyectos, o pretende ascender de grado, o en el Sistema Nacional de Investigadores, se le niega dinero para sus estudios.
Las facultades de Ciencias y Química, el Instituto Clemente Estable, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y OSE ya vienen trabajando en un diagnóstico sobre la situación de floraciones de cianobacterias a nivel nacional.
El planteo de Cristina fue hecho ante el CDC, el órgano compuesto por el rector, un delegado designado por cada Consejo de Facultad y nueve miembros designados por la Asamblea General del Claustro (cuyos integrantes deciden la elección de un decano), que tiene competencia en los asuntos generales de la universidad y en los especiales de cada facultad y que, en definitiva, fija la línea de la UdelaR.
(Fuente: El Observador)
