ALCALDES DE LA CUENCA DEL SANTA LUCÍA PIDEN HACER CONTROLES

Plantean ampliar la planta potabilizadora y construir una 7a línea de bombeo

En pleno episodio de mal olor y sabor en el agua potable, el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, fue acusado de tirar “bombas alarmistas” cuando advirtió la necesidad de contar con un “plan b” para el abastecimiento a casi 2 millones de personas. A riesgo de recibir la misma imputación, los alcaldes con responsabilidad en la costa del río Santa Lucía (Los Cerrillos, Canelones, Casupá, Ciudad del Plata, Libertad, Aguas Corrientes, Santa Lucía y Municipio A de Montevideo) se unieron para plantear lo mismo que el secretario de Estado. A su juicio, las autoridades de OSE han desestimado que la contaminación se viene denunciando en los últimos 40 años.

Los alcaldes de la cuenca piden que se declare la emergencia de la cuenca y se fije una línea media sobre la ladera del río para evitar que los fertilizantes, herbicidas y pesticidas lleguen al curso de agua. Y que se les conceda la competencia y los recursos para coordinar los controles en su territorio ante la inoperancia de los organismos que deberían haberlo hecho siempre.

“Estamos al borde del envenenamiento del agua dulce. Esto es mucho más importante que cualquier otra cosa”, aseveró el alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramil (Frente Amplio).

El “plan b” que propone Estramil es la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Lucía y la construcción de una séptima línea de bombeo. Las instalaciones tienen hoy la capacidad para procesar entre 6 y 7 millones de litros de agua por día y así abastecer a 100.000 personas. “Se puede ampliar y estaríamos garantizando el agua”, dijo. Lo mismo se podría hacer con otras plantas del interior.

Pero la ventaja que el alcalde advierte en Santa Lucía es que la conexión está al norte de Aguas Corrientes, más cerca del reservorio de Paso Severino, donde no desembocan los arroyos Canelón Grande y Canelón Chico, cuya calidad fue analizada como “muy mala” por diversos estudios.

A la altura de la ciudad de Santa Lucía se encuentra un banco de arena de gran tamaño que sirve como filtro natural. “Cuando ocurrió el mal olor del agua en Montevideo, acá salió en buenas condiciones, porque gran parte de las floraciones (de algas) quedaron atrapadas”, explicó. Por esto Estramil consideró que esta zona no debe ser dragada.

“La planta de Aguas Corrientes está en una situación crítica por la contaminación de los ríos y de los arroyos de los que recibe el agua”, afirmó a El Observador.

Reclamo de décadas

Estramil, que cuenta con el respaldo del resto de los alcaldes con costa en el Santa Lucía, espera que su propuesta sea tenida en cuenta. En 1995, junto a parlamentarios, ediles y vecinos propuso la construcción de una planta de tratamiento terciario en Aguas Corrientes. Ya en esa época se denunció ante OSE la acumulación de lodos contaminados con los desechos de los productos químicos del proceso de potabilización que hoy se encuentran a lo largo del río desde Aguas Corrientes hasta Las Brujas, una localidad ubicada a 45 kilómetros aguas abajo.

Esa planta, según relató Estramil, reutiliza el agua y recicla el lodo para fabricar, por ejemplo, cerámicas y ladrillos.

La respuesta de OSE fue que su mantenimiento era “inviable” puesto que costaría entre US$ 2 y US$ 3 millones mensuales. En cambio, se construyeron las líneas quinta y sexta de bombeo que, a juicio del alcalde, “multiplicaron el lodo”. Según sus cálculos, hoy OSE vierte 60.000 toneladas de residuos al año.

Desde la década de 1970 se advierten problemas que es cuando empezó a cambiar la forma de producción en la cuenca, abriéndole paso a la soja y a los grandes tambos.

Estramil recordó que en 1986 la Comisión honoraria para el estudio del aprovechamiento integral para la Cuenca del Río Santa Lucía presentó un informe final “donde estaba claramente el diagnóstico” de la situación.

“No ha habido una política de seguimiento de la cuenca ni control ni aplicación de los decretos y las ordenanzas. No hay patrullaje. Ni las intendencias ni los ministerios ni la Dinama controlaron la cuenca”, afirmó el alcalde de Santa Lucía.

Un estudio de la propia Dinama de 2011 indicó que el 100% de los emprendimientos frigoríficos, de alimentos y bebidas, y el 70% de lácteos, ubicados en esta cuenca incumplen la normativa vigente para indicadores de contaminación como el fósforo total y amonio.

PUERTO DE LA PALOMA

Ocho meses después de haber comenzado el dragado del puerto de La Paloma, todavía no se realizó el estudio ambiental pertinente a una obra que ya fue sancionada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y por la que se prosigue vertiendo barro contaminado con hidrocarburos en la playa de la Aguada.

AGUA: UDELAR REALIZARÁ INFORME

Agua potable, continúa la polémica

La Universidad de la República (UdelaR) encomendó a los decanos de las facultades de Ciencias, Química, Agronomía e Ingeniería la realización de un “informe técnico” sobre la calidad del agua potable para tener una postura oficial en el debate que involucra a algunos investigadores de la Facultad de Ciencias con OSE y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). El tema fue planteado por el propio decano de Ciencias, Juan Cristina, quien no respaldó a uno de los profesores que han cuestionado la calidad del agua y aclaró que sus declaraciones fueron realizadas “a título personal”.

El catedrático del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales ha criticado la capacidad de filtrado de OSE en el proceso de potabilización del agua y otros investigadores de la facultad han advertido que si no se controla la contaminación por exceso de nutrientes (nitrógeno y fósforo) en un futuro cercano podrían detectarse toxinas en acuíferos que podrían comprometer la potabilidad.

Esta semana el Consejo Directivo Central (CDC) de la UdelaR emitió una resolución para aclarar que las declaraciones realizadas por los docentes “reflejan sus propios puntos de vista e involucran sus responsabilidades, a partir de sus actividades y enfoques específicos”.
En ese sentido, el comunicado recordó que “rige” en la UdelaR “la absoluta libertad de opinión” tal como lo establece el artículo 3º de su Ley Orgánica (Nº 12.549 de 1959). El texto dice que “la libertad de cátedra es un derecho inherente a los miembros del personal docente de la Universidad. Se reconoce asimismo a los órdenes universitarios, y personalmente a cada uno de sus integrantes, el derecho a la más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias”.

No obstante, distintas secciones del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales tienen trabajos publicados en revistas especializadas en el país y en el exterior sobre los impactos ambientales de las tecnologías agroindustriales en el que se identifica a la forestación, la expansión de los cultivos de soja y las floraciones de algas tóxicas (derivadas del uso de fertilizantes) como amenazas significativas para la calidad del agua. Al mismo tiempo, es numerosa la bibliografía sobre la presencia y efectos de cianobacterias en distintos cursos de agua, debido a que se detectaron por primera vez en 1982.

Estas investigaciones de la UdelaR, que engrosan la producción científica de la institución, se han realizado con el financiamiento del Estado y de organismos internacionales y privados.
El decano de Ciencias dijo a Montevideo Comm que la facultad ya ha puesto a disposición de OSE “especialistas y laboratorios de última generación”. Sin embargo, son los mismos que ya han investigado el tema.

Cristina también aclaró que las declaraciones del grado 5 Daniel Panario “fueron a título personal” y que no comprometieron a la facultad. “Todos los docentes tienen el derecho de decir lo que quieran en el marco de la libertad de expresión, aunque tienen que hacerse cargo después de las consecuencias que tiene lo que dicen”, agregó.

Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales, había dicho a El Observador que Cristina le ha acusado de hacerle “daño” a la institución con sus declaraciones públicas. “Son visiones diferentes de la Universidad. Yo creo que le hago mucho bien del punto de vista de lo que la gente piensa; probablemente le hago mal en función de los fondos que la Universidad puede recabar para proyectos”, afirmó. Y añadió: “El científico con cierta actitud reactiva al sistema por supuesto que trae inconvenientes”. Las “consecuencias” para el investigador son, según Panario, que se la “cobran” cuando presenta proyectos, o pretende ascender de grado, o en el Sistema Nacional de Investigadores, se le niega dinero para sus estudios.

Las facultades de Ciencias y Química, el Instituto Clemente Estable, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y OSE ya vienen trabajando en un diagnóstico sobre la situación de floraciones de cianobacterias a nivel nacional.

El planteo de Cristina fue hecho ante el CDC, el órgano compuesto por el rector, un delegado designado por cada Consejo de Facultad y nueve miembros designados por la Asamblea General del Claustro (cuyos integrantes deciden la elección de un decano), que tiene competencia en los asuntos generales de la universidad y en los especiales de cada facultad y que, en definitiva, fija la línea de la UdelaR.
(Fuente: El Observador)